La Consellería de Infraestruturas establece los requisitos para evitar que los adjudicatarios pierdan dinero en los contratos
La Xunta teme que el alza generalizada de precios en la construcción, que en algunos casos supera el 50 %, termine paralizando obras clave, en especial aquellas que tienen que ver con equipamientos sanitarios, como los trabajos que se están desarrollando en los hospitales de Ferrol y Pontevedra. Antes incluso de que el Gobierno central arbitre una medida para superar las restricciones a la revisión de precios que se arbitraron durante la crisis financiera, la Consellería de Infraestruturas ha aprovechado el margen que le deja la normativa autonómica para establecer unos criterios mínimos de compensación a las empresas adjudicatarias. Entre enero y junio se ha producido un incremento de precios en el sector de casi 12 puntos, el mismo que el registrado durante el período 2007-2020.
El cambio se hará a través de una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta. Se incluirá ahí una disposición adicional para establecer una serie de medidas en caso de una alteración «extraordinaria e imprevisible» de los precios de los materiales en contratos de obra pública, con el objetivo de garantizar su viabilidad económica. Todos los órganos de contratación autonómicos podrán establecer compensaciones en aquellas obras que estuvieran en desarrollo después del 1 de enero de este año y que fueron licitadas antes de la entrada en vigor de la disposición. Pero solo se tendrán en cuenta las variaciones en el coste de materiales que se produjeron desde esa fecha.
Alteración «extraordinaria»
Se considera una alteración extraordinaria de precios cuando la variación supera en más de un 20 % los cálculos contenidos en el contrato, y siempre y cuando suponga una pérdida económica para el contratista superior al 6 % del importe de adjudicación o de las modificaciones posteriores.
Solo se tendrán en cuenta aquellos materiales que estén incluidos en los índices que elabora el Ministerio de Transportes y que individualmente superen un 2 % en el presupuesto de ejecución de la obra.
En estos casos se podría compensar al adjudicatario con la diferencia entre los
precios del contrato y la justificación del alza de los costes que aporte el contratista. Pero también se plantea la posibilidad de modificar los materiales previstos en el proyecto, con el objeto de abaratar el gasto sin afectar a la calidad de la obra, y siempre dentro de los límites de anualidades que marcan los presupuestos. El incremento se produce sobre todo en materias primas como el acero o el petróleo.
Los contratistas, eso sí, deberán justificar adecuadamente tanto la alteración extraordinaria de sus costes como el importe de las pérdidas sufridas por esta causa. Podrán realizar un cálculo de la compensación que pretenden recibir, aunque será el órgano de contratación el que decida finalmente, teniendo en cuenta todas las certificaciones de obra desde enero y realizando «calquera
outros actos de instrución que considere necesarios para a súa comprobación». Todos estos trámites serán supervisados por la asesoría jurídica e Intervención. Si después de tres meses no hay respuesta, se daría por denegada la propuesta de compensación.
En caso de que no se puedan adoptar las medidas previstas, siempre cabría la posibilidad de anular el contrato y volver a sacarlo a licitación.
@LaVozdeGalicia