Las restricciones impuestas por el Gobierno central en el ámbito laboral para intentar poner barreras a la Covid-19 afectan a las dos terceras partes de los cotizantes de la comarca, unas 30.000 personas que operan en servicios considerados no esenciales en los últimos dos reales decretos.
Como resultado, solo uno de cada tres cotizantes puede seguir activo al pertenecer a las distintas áreas económicas blindadas frente al coronavirus. Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondientes al mes de diciembre, en la comarca pontevedresa hay algo más de 14.000 asalariados que, de entrada, podrían seguir con su actividad, respetando obviamente el resto de restricciones. Estos se reparten entre actividades etiquetadas como «esenciales» como son actividades sanitarias (4.713 afiliados ), Administración pública y Defensa (3.388), transporte y almacenamiento (1.935), agricultura, ganadería y pesca (1.547), industria agroalimentaria (1.160), actividades financieras y seguros (1.054), información y comunicaciones (730), energía, suministro de agua y gestión de residuos (302).
El total que arrojan los servicios esenciales alcanza los 14.829 trabajadores, que equivalen a un 33% de las afiliaciones a la Seguridad Social contabilizadas en diciembre. Pero es tan solo una aproximación. La situación particular de cada empresa y de cada autónomo puede variar el cómputo a lo alto o a la baja. De hecho, a día de hoy no existe un recuento oficial de la masa laboral que se puede ver afectada por las medidas gubernamentales que, además, han cogido por sorpresa a parte de la patronal. Algunas, como imprentas o talleres del naval, todavía se preguntaban este lunes si podían seguir trabajando o tenían que cerrar sus puertas. Y en algunos casos la moratoria tampoco ha ayudado a resolver las dudas.
UN MAZAZO PARA LA OBRA. La construcción es uno de los sectores más afectados por la última medida del Gobierno para endurecer el confinamiento. Si bien algunas empresas fueron cesando su actividad en los últimos días debido a la disminución de la carga de trabajo, muchas de ellas continuaron desarrollando su labor, inmersas en la ejecución de obras de diversa consideración a lo largo y ancho de toda la provincia.
De hecho, la paralización total de la industria de actividades no esenciales pilló por sorpresa al sector de la construcción. Como cada viernes, los obreros habían dejado los andamios, las herramientas y la maquinaria a punto para continuar su labor a primera hora del lunes después del descanso del fin de semana. Y esta era una de las principales preocupaciones de los empresarios durante el fin de semana: en qué estado habían quedado las actuaciones y si habría algún elemento que pudiera causar algún daño a los viandantes. Por ello, la moratoria de 24 horas fue esencial para «cerrar las obras y dejarlas en las mejores condiciones de seguridad».
Así lo explica el gerente Asociación de Constructores de Pontevedra, Javier Carballeda, que incide en que, pese a la evidente repercusión económica que la paralización de la actividad supondrá en el sector, «lo más importante en estos momentos es el freno de la epidemia y preservar la seguridad y la salud de los trabajadores».
Con todo, asegura que la recuperación del sector, una vez finalizado el estado de alarma, va a ser lenta. «La construcción no es ajena al mundo de la economía de escala en el que estamos, todas las actividades están conectadas entre sí», indica Carballeda, que es consciente de que «evidentemente este parón va a costar luego recuperarlo».
VÍA EXPEDIENTE. En cuanto a la fórmula escogida para mantener a la plantilla en suspensión, el gerente de la asociación provincial explica que, ante esta situación, hay muchas empresas que han optado por solicitar Erte o que lo harán en los próximos días, ya que muchas de ellas «al no disponer de ingresos y tener que continuar con los pagos, no van a tener liquidez suficiente para aguantar». Otras, todavía están valorando la fórmula que seguirán, permiso retribuido recuperable o Erte. «Es una situación un poco anómala y complicada porque hay que discernir bien qué medidas tomar y que no comprometan el futuro y el empleo de las empresas», apunta Carballeda.
Según los datos que maneja, ninguna de las entidades que han solicitado el expediente de regulación temporal han obtenido respuesta todavía. Subraya que la plantilla de la construcción está muy envejecida y que los contratos temporales apenas tienen cabida en el sector.
El gerente del colectivo de la construcción provincial aclara que «desde la declaración del estado de alarma, se ha intentado cumplir escrupulosamente con los protocolos sanitarios determinados por el Ministerio (…) Las empresas pusimos todo de nuestra parte durante estas dos semanas para hacer las cosas bien y priorizar la salud de los trabajadores», concluye.
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