La Xunta declara la construcción como sector industrial estratégico para la economía gallega

  • El presidente de la ACP, Miguel Caruncho, valoró de forma muy positiva este reconocimiento “de justicia”, que viene a confirmar el “buen hacer” de las empresas y de los trabajadores que conforman el sector.
  • Con este paso, el Gobierno gallego iniciará la elaboración del Plan Director del sector, una herramienta con la que se busca incrementar la competitividad de las empresas en términos productivos y sociales a la vez que se genera empleo de calidad.
  • A partir de ahora, para las empresas será “algo más fácil” que las administraciones públicas “acompañen y ayuden” a avanzar y mejorar aspectos fundamentales y pendientes dentro del sector.

Vigo, 20 de febrero de 2025.- El Consello de la Xunta celebrado este lunes, 17 de febrero, acordó declarar el sector de la construcción como uno de los nuevos sectores industriales estratégicos para la economía gallega.

El presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho, valoró de forma muy positiva este reconocimiento, que calificó “de justicia” y que viene a confirmar el “buen hacer” de las empresas y de los trabajadores que conforman el sector.

Con el paso dado por la Xunta de Galicia, se iniciará ahora la elaboración del Plan Director del sector, una herramienta con la que se busca incrementar la competitividad de las empresas en términos productivos y sociales a la vez que se genera empleo de calidad.

Tras esta declaración, y como bien apuntan desde la ACP, para las empresas de la construcción será “algo más fácil” que las administraciones públicas “acompañen y ayuden” a avanzar y mejorar aspectos fundamentales y pendientes dentro del sector, como llegar a un mayor grado de descarbonización de la industria, avanzar en la transición energética o en la digitalización de los procesos con el objetivo de “culminar la evolución transformadora” en la que se encuentra el sector.

En este sentido, la ACP quiere agradecer el trabajo llevado a cabo desde la Federación Gallega de la Construcción (Fegacons) así como al resto de organizaciones provinciales por “situar al sector en la posición que merece” ya que, sin dicho trabajo, “sería imposible conseguir este hito”.

Al mismo tiempo, hace extensivo este agradecimiento al Gobierno gallego por recoger una “demanda histórica” de la industria de la construcción y que, desde esta misma semana, ya es oficial tras la aprobación en el Consello de la Xunta, estando avalada, concretamente, por las consellerías de Economía e Industria y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Consulta pública

Una vez declarado el carácter estratégico del sector, la Xunta llevará a cabo una consulta pública a través del portal de transparencia y gobierno abierto para solicitar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones y asociaciones más representativas. También se incorporarán las aportaciones hechas por los departamentos de la Administración autonómica con vinculación en la construcción junto con el sector privado, representantes de los trabajadores y el resto de agentes implicados. 

Por último, y antes de la aprobación definitiva por parte del Consello de la Xunta, será necesario un informe del Consello Galego de la Competitividad, sin prejuicio de las competencias del Consello Económico y Social (CES).

Cerca de 133.000 trabajadores

La cadena de valor de la industria de la construcción, donde se enmarcan constructoras pero también empresas de materiales, instaladoras, etc. supuso en el año 2022, según los datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE), un valor añadido bruto (VAB) de 4.281 millones de euros, alcanzando así un 9,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

Estos datos se traducen en una producción valorada de 8.134 millones de euros, lo que supone un 11,4% del total de Galicia, representando así el 48% de la producción creada en la Comunidad gallega.

Mientras, en lo que respecta al empleo, la industria del sector gallego genera una cadena de valora que registraba, en el mes de diciembre, a un total de 12.729 empresas y cerca de 133.000 personas trabajadoras, de las que entorno a las 98.000 están en un régimen general por los 35.000 que están dados de alta como autónomos.