- El presidente de la ACP, Miguel Caruncho, asistió a este encuentro informativo promovido por la Xunta de Galicia.
Vigo, 22 de enero de 2025.- Comenzamos el año asistiendo a un encuentro informativo organizado por la Xunta de Galicia en A Coruña que, bajo el título ‘Construír Xuntos’, sirvió para conocer las medidas legislativas y fiscales que el Gobierno gallego ya tiene activas desde el pasado 1 de enero.
Como explicaron tanto la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, como el responsable de Facenda, Miguel Corgos, el objetivo de las mismas es promover la construcción y rehabilitación de viviendas así como incentivar y agilizar los trámites para su puesta en el mercado, promover la rehabilitación y reducir tasas para los edificios destinados a vivienda.
El presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho, participó en el encuentro junto a otros directivos y asociados de la entidad, considerando muy importante este tipo de iniciativas para estar al tanto de los pormenores de las modificaciones normativas que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha para dinamizar el mercado de la vivienda.
Con todo, se refirieron a la nueva Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) que está ya a pleno rendimiento, y también a la 1ª fase de la Estrategia de Suelo Residencial en la que la Xunta está inmersa y que facilitará la construcción de 25.000 viviendas, 5.000 libres.
Se hizo hincapié también en la necesidad de “darle una vuelta”, por ejemplo, a la lenta y farragosa burocracia, para lo cual la Xunta ha dado un paso más agilizando las herramientas con los Proyectos de Interés Autonómico (PIAs), que permitirán reducir los trámites a la mitad; o las Certificaciones ECCOM, que tendrán la misma validez que los informes técnicos municipales, lo que permitirá también ahorrar tiempo de tramitación a los ayuntamientos.
Mientras, en lo que respecta a las medidas legislativas, se puso el foco en los cambios en la Ley de Vivienda de Galicia, por ejemplo, estableciendo la cualificación indefinida y permanente del régimen de protección de las VPP y de las Viviendas de Protección Autonómica (VPA) que se construyan en un suelo desarrollado por promotor público a partir de la entrada en vigor de esta norma.
Además, entre otras medidas, destaca la simplificación de los requisitos para la conversión de bajos en viviendas o la modificación del régimen especial para la finalización de viviendas inacabadas (esqueletos), para lo cual podrá solicitarse licencia de rehabilitación hasta 2028, toda vez que los nuevos edificios tendrán que destinar, como mínimo, la mitad de las nuevas viviendas a protegidas.
Todas estas modificaciones persiguen incentivar la construcción o rehabilitación de vivienda. De tal manera, que todas las medidas legislativas y fiscales, a las que se suman otras como las ayudas a promotores, las convocatorias de ayudas para adquisición de vivienda, para infravivienda, para ayuntamientos o para colectivos más vulnerables, son «un conjunto de acción encaminadas a dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía que es el acceso a la vivienda», remarcó la conselleira.
Por su parte, y en lo que respecta a la medidas fiscales, Miguel Corgos explicó que, para reforzar la apuesta por la vivienda, se incluyen nuevas medidas fiscales como la bonificación del 75% de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) para adquirir, construir y rehabilitar edificios destinados al alquiler, de manera que se incentive la oferta de viviendas en alquiler.
Además, las personas que compren locales comerciales para vivienda se beneficiarán también de los tipos reducidos en Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y AJD de los colectivos prioritarios.
Estas dos medidas, explicaron desde la Xunta, refuerzan la rebaja ya en vigor de tipos reducidos para la compra de vivienda para rehabilitación (6% de ITP y 4% en zonas poco pobladas).
Por último, informaron de que habrá una deducción en el IRPF, de 500 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, así como un 15% más para los gastos de rehabilitación de un inmueble vacío para destinarlo al arrendamiento como vivienda, por un importe máximo de 3.000 euros al año, durante tres ejercicios.