Xavier Carballeda (México DF, 1972) es el gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, fundada en noviembre de 2017. Creada por ocho socios ya está formada por 20 y su objetivo es alcanzar los 35 antes de que termine el año .
¿Cómo nace la ACP y con qué objetivos?
La anterior patronal de la construcción, la APEC, llevaba funcionando 40 años. El motivo de surgir esta asociación fue la entrada en liquidación de la anterior. Habían adquirido una sede en el Casco Vello con la condición de no transmitir la propiedad en 10 años, llegó la crisis económica, muchas empresas desaparecieron y no pudieron hacer frente a los pagos. Ocho empresas empezaron a hablar a principios de verano de 2017 y decidieron fundar esta asociación. Posteriormente se fueron incorporando otras hasta completar la lista de 20. Ahora paramos la fase expansión durante agosto y en septiembre volvemos de nuevo a explicarle los motivos de nuestra creación y los servicios que ofrecemos. La intención, llegar a entre 30 y 35, es el objetivo que nos marcamos al constituirnos.
Entiendo que hacen una labor didáctica sobre la asociación.
Estamos haciendo de todo, estamos integrados en la Federación Gallega de la Construcción y en la Confederación Nacional de la Construcción. Queremos estar en todos los frentes para ofrecer un servicio integral a nuestros asociados.
¿En qué punto se encuentra la relación con los trabajadores?
Uno de nuestros principales objetivos es negociar el convenio colectivo. Tenemos el handicap de que el último que se negoció fue anulado en parte por el TSXG. Ahora nos vemos con esa tesitura de negociar el convenio desde cero. Nuestra disposición es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, empresarios y sindicatos (CIG, UGT, CC OO). Constituimos la mesa de negociación en diciembre del año pasado, negociamos el calendario laboral, tuvimos una reunión en julio y en septiembre retomamos las conversaciones. Nuestra disposición dentro de la legalidad es lo más amplia posible, no queremos entrar en una guerra con nadie.
Han mantenido reuniones con diferentes políticos. El objetivo también es ser el interlocutor con las administraciones: locales, provincial, autonómica y estatal. Empezamos a hacer una ronda de contactos, nos reunimos con el vicepresidente de la Xunta, la conselleira Infraestructuras, el alcalde de Vigo y el delegado de la Xunta en Pontevedra. También varios ayuntamientos.
¿Se han recuperado los empresas de la construcción de la crisis?
La crisis ha sido muy dura, donde las empresas facturaban 40 ahora facturan 20. Lo que es cierto es que hay recuperación. Se están creando empresas nuevas y algunas que se han liquidado los socios se han separado y creado otras nuevas. Es un buen momento para el sector después de unos años muy duros.
¿Se refugió el sector en la obra civil, las infraestructuras?
Nosotros somos 20 empresas asociadas, y la mayor parte de ellas se dedican a obra civil con la administración pública.
Entonces no notarán la aprobación parcial de la nueva ordenación urbanística en Vigo.
Quien más lo va a notar son los promotores. El grueso de las empresas actuales es obra civil. Muchas empresas llevan muchos años con obra pública, evidentemente tienen que reinventarse.
¿Pero también les beneficiará?
Los efectos van a ser paulatinos, desde que se aprueba hasta que se empieza a edificar a lo mejor, los que tengan licencia directa tardarán dos años, y los que tengan suelo urbano consolidado pero necesiten actuación complementaria será más a largo plazo. Es buena noticia porque van a participar nuestras empresas de una u otra manera, porque se tendrán que desarrollar obras de urbanización.
En las licitaciones públicas en Galicia los contratos se los llevan muchas empresas de fuera de la provincia. ¿Quieren ganar peso en los procedimientos públicos?
La ley de contratos establece que el procedimiento es abierto, la mayoría de administraciones hacen pliegos que consideramos buenos para el sector y no se puede limitar el ámbito territorial de las empresa. Como ACP uno de los objetivos de la asociación es que a las empresas de la provincia les vaya mejor. Queremos poner de manifiesto que creemos que para el sector y administración la mejor manera de que se redacten los pliegos es que se visibilice la nueva apuesta de la ley de contratos, que la oferta ganadora sea la mejor calidad-precio.Que el precio no sea el criterio determinante a la hora de adjudicarla, sino criterios objetivos que en un resultado global la empresa logra aunar el mejor equilibrio.
Definir qué son criterios objetivos en un concurso puede ser difícil.
La ley le da cierto margen a la administración para que defina los objetivos. Lo más justo es que sean criterios objetivos los que determinen cuáles son los baremos. Lo que estamos radicalmente en contra es de la subasta, que se lleve la obra el que oferta el precio más barato. Se están admitiendo incluso las bajas temerarias. No es normal que para una obra en Vigo, y no voy a decir la administración, es que vengan empresas de la Comunidad Valenciana. No se presentan las de Vigo y una empresa que tenga que trasladar trabajadores o subcontratar todo sí, no tiene ningún sentido. Lo que va a pasar es que en esa obra o no salgan los números o no se pague al subcontratista o los trabajadores cobren la mitad. En la ronda de reuniones les trasmitimos que esta es una política cortoplacista.
En el naval llevan varios meses acusando la falta de trabajadores. ¿También hay problemas en el mercado laboral de la construcción?
Lo estamos empezando a notar desde este año. El problema que hubo es que con la crisis muchas personas que se dedicaban a la construcción tuvieron que reciclarse. Algunos se jubilaron, no hay relevo generacional, y junto a los trabajadores que se fueron a otros sectores, ahora que parece que la construcción empieza a crecer, muchas empresas tienen dificultades para encontrar capataces, encargados de obra, peones y albañiles. Mucha gente joven que hace muchos años ganaba 2.000 euros en la construcción y dejó de estudiar se pasó a la hostelería o emigró.
¿Cómo piensan solucionarlo? En el naval se contratan extranjeros.
Es un problema que a corto plazo no tiene solución, pero entre todos, incluida la administración pública, deberíamos ser capaces de dignificar el sector de la construcción. Que sea atractivo. Habría que fomentar la FP en módulos de construcción y crear alguno específico, sería bueno hacerle ver a la gente joven que es un sector con futuro. Hay padres que no quieren que sus hijos se dediquen a la construcción porque hay mucha ‘titulitis’ en España.
Quizá la gente tenga miedo de otra burbuja y quedar sin empleo.
Creo que de los errores hay que aprender. La burbuja creo que todos fueron partícipes: empresas, administración y entidades financieras. Las crisis a veces son buenas para aprender de los errores y es muy difícil que se vuelva a dar. Ahora todos están concienciados, el boom que hubo de construcción de vivienda nueva era totalmente ficticio. Creo que con la recuperación de la economía el sector va a tener un ciclo alcista en un tiempo escalonado. Pero nadie es adivino.
Poco antes de constituirse nació otra asociación de la construcción, Agalco. ¿Han hablado?
Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, aunque no hubo ninguna aproximación. Creo que nosotros somos la patronal del sector de la construcción y que Agalco son auxiliares de construcción, pero nosotros somos los que negociamos el convenio colectivo y tenemos la representatividad. Estamos dispuestos a colaborar con Agalco, Asemaco… no tiene ningún sentido hacer compartimentos estancos, aislarse y no estar relacionados.
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